¿Riesgo real de arresto para Bush?

La cancelación de un viaje del ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a Suiza esta semana fue interpretada por grupos de derechos humanos como una señal de que el ex presidente estadounidense teme enfrentar cargos por tortura si sale de su país.
Bush tenía previsto asistir a un evento de gala en Ginebra el próximo sábado, pero declinó hacerlo luego de anuncios de protestas y pedidos de arresto en su contra por presuntos abusos contra sospechosos de terrorismo.

Organizadores del evento –una cena para recaudar fondos para el grupo judío Keren Hayesod— dijeron que la cancelación de Bush se debió al riesgo de violencia durante las protestas y no a un riesgo de detención.

Pero otros creen que la decisión de Bush responde a que los ex jefes de Estado tienen cada vez menos inmunidad legal, más de una década después del sorpresivo arresto del ex gobernante de facto chileno Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998.

“Vamos a seguir pidiendo donde vaya (Bush) que se lo arreste; todos los países que ratificaron la Convención contra la Tortura pueden arrestarlo”, dijo Geneviève Garrigos, presidenta de Amnistía Internacional en Francia, a BBC Mundo.

Submarinos

Vamos a seguir pidiendo donde vaya (Bush) que se lo arreste

Geneviève Garrigos, presidenta de Amnistía Internacional Francia

Amnistía Internacional fue una de las organizaciones de derechos humanos que preparó pedidos escritos a la fiscalía suiza para abrir una investigación penal contra Bush por presunta tortura durante su gobierno.

También lo hicieron otros grupos como la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro para los Derechos Constitucionales de Nueva York, que dijeron tener una denuncia de más de 2.500 páginas.

Las peticiones de arresto de estos dos grupos se basa en los casos de dos detenidos en la prisión de Guantánamo, Majad Khan y Sami al-Hajj, un ex camarógrafo de la cadena al-Jazeera liberado en 2008.
En su reciente autobiografía, Bush, que gobernó Estados Unidos entre 2001 y 2009, admitió que autorizó prácticas de submarino (simulación de ahogamiento) para detenidos en Guantánamo sospechosos de terrorismo.

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